5.000 euros deberá pagar una “landlady” que intimidó a su inquilina
Una propietaria que "amenazó e intimidó" a una estudiante al intentar desalojarla de un apartamento durante el confinamiento por la pandemia ha sido condenado a pagar 5.000 euros por daños y perjuicios por el organismo de control de alquileres.
La inquilina afirmó que unos hombres "disfrazados policías" acudieron a la vivienda de la calle Meath, en Dublín 8, y que la propietaria intentó desalojarla en cinco ocasiones porque quería trasladar a nuevos inquilinos.
La inquilina, que se trasladó a Irlanda para estudiar y participar en un programa de visados de trabajo, llevaba apenas un par de meses viviendo en el apartamento cuando la dueña del inmueble intentó desahuciarla.
Llevó el caso a la Junta de Arrendamientos Residenciales (RTB) y declaró que sufría depresión y ataques de pánico "porque siempre había alguien llamando a la puerta todas las tardes" para intentar que se fuera.
La sobrina de la landlady había vivido anteriormente en el apartamento, pero regresó a China durante un tiempo y no pudo volver a Irlanda debido a la pandemia de Covid-19.
La dueña alquiló una de las habitaciones del apartamento a la amiga de su sobrina y anunció la otra habitación en un sitio web utilizado por chinos en Irlanda.
La inquilina se puso en contacto porque la habían "echado" de una vivienda de alquiler y no tenía dónde alojarse.
La propietaria dijo a la RTB que le daba pena la inquilina y aceptó alquilarle la habitación temporalmente.
La RTB dijo que, aunque las pruebas de ambas partes eran contradictorias y difíciles de seguir, consideró que las relaciones entre las partes eran muy tensas.
Dijo que había pruebas suficientes para sostener una denuncia por amenazas e intimidación, y que la arrendadora había incumplido su obligación de permitir a la inquilina disfrutar de una ocupación pacífica de la propiedad después de que la huésped proporcionara vídeo y audio del intento de desalojo.
La RTB dictaminó que la inquilina debía recibir 5.000 euros por la angustia, las pérdidas y las molestias que sufrió debido a que la dueña ingresó ilegalmente a la vivienda el 23 de mayo.
Sin embargo, consideró que no había pruebas suficientes de que las visitas anteriores a la vivienda constituyeran un incumplimiento de las obligaciones o un intento de desalojo.
También se permitió a la landlady quedarse con la fianza de 850 euros para cubrir el alquiler impagado.
